El primer indagado por el robo de armas en una base aérea de Durazno fue un militar formalizado el año pasado por violación.
Continúan las investigaciones por el robo de dos armas que estaban en un despacho de la base de la Fuerza Aérea en Santa Bernardina, en el departamento de Durazno, y por este caso fue citado a declarar la primera persona, aunque no se encontraron elementos para considerarlo sospechoso.
Mientras la Fuerza Aérea continúa con su investigación administrativa por el robo producido el pasado miércoles, la Fiscalía comenzó sus indagatorias y el primer citado a declarar es un hombre de iniciales C.A.C.G., un militar formalizado en agosto por la presunta violación a una menor de 17 años en Durazno.
Fuentes fiscales dijeron a Montevideo Portal que el hombre negó los hechos al declarar ante la fiscal del caso, Lucía Nogueira, y no hay indicios de que sea el responsable del robo.
Las armas hurtadas pertenecen a una teniente coronel que trabaja en el mencionado despacho, de acceso sumamente restringido. El pasado miércoles, cuando se produjo el robo, la teniente estaba de vacaciones.
Se trata de dos pistolas calibre nueve milímetros que estaban en dos cajas, que aparecieron vacías a pocas cuadras de la base aérea.
El indagado
La fiscal Nogueira también fue la encargada de investigar la violación producida en julio de 2019, que se hizo en conjunto con otro militar de la misma base aérea. En aquella instancia solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados, pero la jueza María Sol Bellomo entendió no era necesaria.
Si bien la Fiscalía había acreditado la presunta existencia de un hecho delictivo y la presunta participación de los imputados, así como la existencia del riesgo hacia la víctima, ello no resultaba suficiente para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, entendió la Justicia.
En lugar de la prisión preventiva, Bellomo impuso a los imputados una medida cautelar de prohibición de contacto y comunicación por cualquier medio y acercamiento en un radio no menor a 500 metros respecto de la víctima y las testigos.
Asimismo, dispuso el arresto domiciliario de los imputados pudiendo únicamente salir de su domicilio para cumplir su horario laboral. La fiscal apeló el fallo, pero no tuvo suerte.
Fuente: Montevideo Portal
