Se propone además que cualquier contrato de este tipo deba contar con mayorías especiales en el Parlamento.
Varias organizaciones sociales, sindicales y políticas presentarán este jueves en forma pública un proyecto de reforma constitucional que propone, entre otros aspectos, declarar nulo el contrato que el Estado firmó con UPM para la construcción de una nueva planta de pasta de celulosa en Uruguay.
La iniciativa está a cargo de la Comisión Pro Reforma Uruguay Soberano. En un de sus puntos se propone que la ciudadanía vote por anular el contrato acordado con la multinacional el 7 de noviembre de 2017, así como los contratos modificatorios o complementarios firmados con posterioridad y que no cuenten con autorización parlamentaria.
La reforma establece que los contratos alcanzados por esta eventual nulidad no generarán derecho a indemnización por lucro cesante.
En ese marco se propone reformar el artículo 85 de la Constitución para atribuirle a la Asamblea General la potestad de aprobar cualquier contrato o acto administrativo que obligue al país con empresas extranjeras o con empresas privadas nacionales.
Deberán ser ratificados por tres quintos del total de componentes de cada Cámara, siempre que sometan al Estado a normas, jurisdicciones o tribunales arbitrales extra nacionales, que le otorguen garantías respecto a futuros actos legislativos o normativos legítimos o que pongan a cargo de la República, o de cualquier órgano estatal, obligaciones, incluidas exoneraciones tributarias y concesiones, que se extiendan en el tiempo más allá del período de gobierno en curso al suscribirse el contrato o dictarse el acto administrativo.
Las leyes que autoricen esta clase de actos o contratos no podrán tener otro contenido que la misma autorización, y, cualquiera sea la materia del acto o contrato autorizado, serán impugnables mediante el recurso de referéndum contra las leyes.
Los actos y contratos dictados o suscriptos en transgresión de esta norma serán absolutamente nulos y así deberá declararlo cualquier juez o tribunal de la República al serle requerido.
La reforma también plantea modificar el artículo 79 de la Constitución para reducir de 25% a 10% el mínimo de ciudadanos inscriptos para votar que puedan interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo.
De triunfar, la reforma constitucional entraría en vigencia el 1 de marzo de 2025.
Detrás de la iniciativa están, entre otros, el Movimiento UPM2NO, Un Solo Uruguay, el Partido Ecologista Radical Intransigente y el Partido Verde Animalista.
Fuente: Ecos Uruguay
