Sr. Presidente de la República.

Sra. Presidente de la Cámara de Senadores.

Sr. Presidente de la Cámara de Representantes.

Sres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Los suscriptos, como ciudadanos o habitantes de la República Oriental del Uruguay, queremos expresar a los tres Poderes del Estado nuestra preocupación por las condiciones de vida establecidas en nuestro País desde la declaración de emergencia sanitaria del día 13 de marzo de 2020, así como formular algunas propuestas que entendemos necesarias y adecuadas a la actual situación del Uruguay.

Como es sabido, las medidas preventivas que acompañaron a la declaración de emergencia determinaron una profunda restricción y afectación de las actividades económicas, laborales, educativas, sanitarias, cívicas, culturales, artísticas y de la vida social en general, incluidas algunas limitaciones de derechos y libertades garantizados por la Constitución de la República.

Es notorio que esas medidas fueron motivadas por la aparición de casos de coronavirus en nuestro territorio, en el marco de una situación de alarma mundial surgida tras la declaración de pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Todo gobierno está obligado a tomar en cuenta esa clase de circunstancias y a actuar en consecuencia, sin perjuicio de permanecer atento a los hechos y al flujo de información científica y empírica proveniente de todas las fuentes disponibles, con el fin de ajustar sus políticas a la evolución de la realidad.

Actualmente, puede afirmarse que los casos letales en el Uruguay han sido pocos, y que la información internacional sobre la pandemia ha sido cambiante, contradictoria y a menudo inconsistente, presentando datos y pronósticos poco confiables sobre contagio, mortalidad y tratamiento de la enfermedad.

Con buen criterio, el gobierno uruguayo fue moderado en la adopción de medidas restrictivas, sobre todo en comparación con otros gobiernos, y ahora, aunque con limitaciones, ha comenzado a restablecer muchas de las actividades necesarias para la vida material y la salud física y psíquica de la población. No obstante, muchos campos de actividad, incluidos algunos indispensables para la sociedad, se han visto y continúan viéndose gravemente resentidos.

Gran cantidad de empresas han cerrado y cientos de miles de uruguayos han perdido sus empleos y fuentes de ingresos. Según cifras oficiales, más de doscientas mil personas se han visto obligadas a ampararse en el subsidio por desempleo.

Los niños y los adolescentes no tienen cursos regulares en la enseñanza primaria y secundaria desde hace cinco meses. Los que asisten, lo hacen en forma no obligatoria, pocos días por semana, con horario reducido, sometidos a condiciones de distanciamiento físico de sus compañeros que no son adecuadas para el aprendizaje ni para el sano desarrollo psíquico y social. Cabe destacar la gravedad de la pérdida de un año de enseñanza para toda una generación de niños y de jóvenes.

La asistencia médica de la población continúa seriamente afectada. Son frecuentes tanto la postergación de actos médicos necesarios como las consultas y diagnósticos telefónicos, la negativa del personal sanitario a atender pacientes a domicilio y la renuencia para la atención presencial en consultorios y centros de salud.

La Administración pública, de la que dependen derechos de tantas personas, funciona en forma anómala, con criterios diferentes en cada repartición en materia de horarios, asistencia de funcionarios y atención presencial o virtual al público. Se debe señalar en particular al Poder Judicial, cuyo régimen de agenda vulnera plazos y garantías procesales fundamentales.

Las restricciones al derecho de reunión, determinadas por la exigencia de distanciamiento físico, limitan la actividad cívica, artística, cultural y social, afectando la calidad de vida de la población al reducir las oportunidades de encuentro familiar, amistoso, afectivo, celebratorio o de duelo, así como los intercambios artísticos, de ideas, conocimientos y experiencias.

Muchos gobiernos han aprovechado la cuarentena para arrasar los derechos y garantías de sus ciudadanos, circunstancia que felizmente no se ha producido en Uruguay, pero a la que hay que estar muy atentos. En ese sentido, vemos con preocupación un proyecto de ley, a estudio del Parlamento, que pretende convertir en delito la simple transgresión de protocolos sanitarios, aun en el caso de que no produzca ningún daño. Ello sería abrir la puerta a un autoritarismo incontrolable, equivalente a librar un cheque en blanco por el que cualquier decreto o reglamento de materia sanitaria, actual o futuro, serviría para tipificar un delito punible con cárcel. También nos resulta desacertada la iniciativa de construir un memorial dedicado a la pandemia, por cuanto apunta a sacralizar apresuradamente una etapa penosa y poco clara de nuestra historia, respecto a la que todavía no se pueden emitir juicios definitivos.

Transcurridos más de cinco meses desde la declaración de emergencia, la situación sanitaria del Uruguay no justifica muchas de las medidas imperantes. El número de fallecidos diagnosticados como casos de muerte por COVID 19 no supera las cifras de mortalidad causadas en otros años por la gripe, el número total de fallecidos en lo que va del año, por cualquier causa, es inferior al de otros años, y los servicios de salud están muy lejos de verse desbordados.

En consecuencia, resultan inadmisibles la irregular asistencia a clase de niños y adolescentes, la deficitaria atención sanitaria a la población y el irregular funcionamiento de la Administración pública, situaciones que, en caso de persistir, sumadas al estado en que han quedado la economía nacional y mundial, serán causa de una crisis social y humanitaria sin precedentes.

Asimismo, sin perjuicio del deber del Estado de formular recomendaciones y advertencias sobre eventuales riesgos, resultan excesivas las restricciones al derecho de reunión que afectan a las actividades laborales, cívicas, sociales, culturales, artísticas, deportivas y recreativas.

Por las razones expresadas, proponemos:

Restablecer el normal funcionamiento de las instituciones educativas, garantizando a todos los niños y adolescentes el derecho a la educación.

Regularizar al sistema de salud, exigiendo a las instituciones de asistencia médica la obligación de brindar a los pacientes todas las prestaciones a que tenían derecho con anterioridad a la declaración de emergencia sanitaria.

Restablecer el normal funcionamiento de la Administración pública, asegurando los servicios y la atención presencial al público en los horarios regulares.

Adecuar todas las medidas y protocolos de prevención a la plena vigencia de los derechos, libertades y garantías establecidos por la Constitución de la República, en el marco de responsabilidad individual previsto por la misma Constitución.