Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, aclaró que aún «no está decidido» si ese referéndum sería para derogar toda la Ley de Urgente Consideración o ciertos artículos.
El Pit-Cnt «resolvió que ve con buenos ojos» impulsar un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio por la coalición de gobierno, confirmó a El País el presidente de la central sindical, Fernando Pereira.
El dirigente sostuvo que se volverán a reunir en octubre y que aún «no se resolvió» utilizar esta vía «por dos asuntos»: «El primero, porque es necesario que la totalidad de los sindicatos lo pudieran analizar pormenorizadamente. El segundo porque se abre una ronda de contactos y de diálogos con actores de la sociedad, fundamentalmente con organizaciones sociales, a los efectos de ver si es posible construir el más amplio abanico del arco social que permita efectivamente ir con las mayores posibilidades a una tarea que claramente es muy compleja», puntualizó.
Para que el referéndum sea habilitado, deberían reunir 700.000 firmas, según lo dispuesto por la ley Nº 17.244. Luego, para que este sea aprobado, tendrían que conseguir el 50% del electorado más uno de los votos.
«Cuando nos ha tocado ganar otros referéndum es cuando hemos logrado construir el mayor abanico social y político posible porque eso da la chance de que varias decenas de miles de militantes recorran los barrios, ciudades, pequeños poblados y se llegue a ese número. Esperamos ampliar con parte de los partidos políticos que se han expresado rechazando la ley y también con un conjunto de organizaciones, incluyendo las entidades de la Universidad de la República, que se han expresado cuestionando la ley», subrayó.
Por otra parte, Pereira indicó que aún «no está decidido» si ese referéndum sería para derogar toda la LUC o ciertos artículos de ella. «Hay compañeros que creen con lógica que se podría ir contra toda la ley. Eso tiene que tener un análisis jurídico para ver si es posible. Hay otros compañeros que entendemos que hay que ir contra una parte de la ley y esa parte son los acuerdos que se logren alcanzar entre el conjunto de las organizaciones sociales que componen la intersocial», señaló.
La LUC está compuesta por 476 artículos y contiene secciones dedicadas a: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; económica y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia de vivienda; modificaciones al Código Civil y otras disposiciones.
Pereira remarcó su disconformidad porque «una ley de este volumen no debería haberse tratado en medio de una pandemia».
«El Instituto de Ciencia Política, la Facultad de Ciencias Sociales y el Parlamento llegaron a la conclusión de que este es el proceso de menor calidad democrática», agregó.
Además la definió como «una ley ómnibus» porque «tiene temas que abarcan desde la desaparición del Consejo de Educación Primaria con más de 100 años de historia en el Uruguay, un cuerpo colegiado, pasándolo a una dirección unipersonal igual que Secundaria o la UTU».
Asimismo, agregó, que «tiene normas de seguridad pública muy controversiales, tiene normas vinculadas a la inclusión financiera que ya el trabajador no va a poder definir si cobra o no por débito y eso le quita el derecho a la rebaja del IVA, tiene aspectos que claramente son controversiales en los derechos de los trabajadores, particularmente en el derecho de huelga y el piquete de huelga».
Fuente: El País
