La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) dio su aprobación al estudio de Viabilidad Ambiental de la Locación (VAL) de la nueva planta de UPM que se ubicaría a 4 kilómetros al oeste de Pueblo Centenario (Durazno). Así lo informó la empresa en un encuentro con la prensa esta semana. De esta forma, culminó la denominada Fase 1 de la Etapa 2 del proceso que debería terminar en algún momento de 2019 con la decisión final de UPM respecto a si construye o no la nueva fábrica. El estudio de viabilidad se había presentado en febrero.

UPM presentó una página web en la que informará del avance del proyecto y en la que se detalla que la siguiente etapa es la presentación de un estudio de impacto ambiental que se realizará en las próximas semanas. En esta fase se prepararán asuntos complementarios del contrato de inversión.

En la fase 3, que comenzará en setiembre de este año y terminará en marzo de 2019, deberían estar firmados los permisos para la construcción de la planta y quedar todo pronto para que comiencen las obras. También para ese momento deberían estar promulgadas nuevas regulaciones laborales.

UPM presentó un documento en el que señala que «estamos conformes con los avances de los distintos procesos y la ejecución de esta fase (…), ahora estamos ingresando a la fase II donde los puntos principales están relacionados con el avance del ferrocarril, el puerto y los protocolos laborales». La empresa finlandesa quiere más garantías para la regulación de conflictos laborales y aguarda la apertura de las ofertas de las empresas interesadas en reparar las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo. La apertura de las ofertas se hará el 29 de mayo. La intención del gobierno era originalmente que las obras se adjudicaran el 1º de noviembre de este año, pero parece difícil que se cumpla ese plazo. Las obras demandarán unos 36 meses. Hasta ahora, UPM dice que no está preocupada por un eventual retraso. El tráfico diario de ingreso al puerto con la celulosa será de siete trenes de carga diarios.

UPM quiere disponer de una terminal en el puerto capitalino, pero esta pretensión está muy condicionada a que se pueda trasladar la zona de amarre de buques pesqueros y las instalaciones de la empresa Tsakos a la zona de Capurro. Esa zona es precisamente la que UPM pretende para su terminal. La licitación con este objetivo está muy demorada. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está presionando intensamente para que se acepte el plan modificado de obras que presentó este mes el consorcio Teyma-Chediak-Lavigne, según supo El País. Las cajas con el proyecto reformulado que había merecido objeciones el año pasado está a estudio de una comisión técnica de la Administración Nacional de Puertos, que se expedirá en las siguientes dos semanas. El primer proyecto del puerto pesquero de Capurro data del primero gobierno del Frente Amplio. El año pasado se había revocado la adjudicación al consorcio constructor pero luego se revisó la decisión. La empresa finlandesa pretende presentar una iniciativa para que se convoque a una licitación para el uso del área hoy pesquera. La licitación es obligatoria de acuerdo a lo que establece la Ley de Puertos de 1992.

Por otro lado, UPM pretende que antes de marzo del próximo año comiencen las obras en las vías férreas y tener el permiso de construcción para las obras que tiene que hacer en el puerto.

El año pasado el gobierno firmó un contrato con la empresa finlandesa que solamente compromete a las partes mientras dure esta administración.

El acuerdo determina que cualquiera de las partes puede rescindir el contrato por su sola voluntad en cualquier momento antes de la decisión final de inversión. Si UPM no toma una decisión positiva de inversión final antes del 15 de febrero de 2020, el contrato expirará. Se estableció que su expiración no causará responsabilidad a ninguna de las partes.

La capacidad anual de producción de la planta será de aproximadamente 2,1 millones de toneladas de celulosa de eucaliptus anuales bastante por encima del potencial de las instalaciones ubicadas cerca de Fray Bentos, que es de alrededor de 1,2 millones.

UPM calculó en julio de 2016, cuando anunció su voluntad de analizar una posible segunda planta, que con su actividad generará 8.000 puestos de trabajo adicionales que supondrán US$ 200 millones anuales en remuneraciones.

La madera que abastecerá la planta provendrá de plantaciones del género eucaliptus, principalmente de los departamentos de Tacuarembó, Durazno y Cerro Largo, en menor medida de plantaciones de Rivera y Florida. Ocasionalmente usará madera de otras procedencias.

Críticas de los ambientalistas. El movimiento ambientalista Movus denuncia la gran cantidad de agua que usaría la planta y de efluentes que volcaría al río Negro. Además, advierte que incrementará las emisiones de dióxido de carbono. «En definitiva, Uruguay no ganaría nada significativo con la instalación de esa planta, pero además saldría perdiendo en cada uno de esos aspectos», señaló el movimiento en un comunicado. Habría muchos agentes contaminantes en un territorio pequeño, dicen los ambientalistas.

La vida útil de la planta será de 40 años.

La vida útil óptima de una planta de celulosa moderna se estima en alrededor de 40 años. Durante ese período, la planta cercana a Centenario (una localidad que en 2011 tenía 1.136 habitantes y cuyo desempleo ronda el 10%) se actualizará periódicamente, siempre y cuando esto sea económicamente viable.

El pueblo Centenario fue fundado precisamente en 1930 y su nombre homenajea la jura de la primera Constitución.

Las áreas que circundan la localización del proyecto son extensiones de campo destinadas en su mayoría a la producción agrícola y ganadera. Debido a la baja productividad de los suelos, con presencia de pradera natural, predomina la ganadería extensiva, señala el estudio de viabilidad.

En la zona en la que se instalaría la fábrica hay 21 especies de anfibios detectadas, 123 de aves, 36 de mamíferos y 37 de reptiles.

A 6 kilómetros de donde estará la planta está Paso de los Toros, la segunda localidad de Tacuarembó, en la que en 2011 vivían 13.231 personas. La ciudad presenta problemas de empleo. Su población, que en el censo de 1963 era de 4.963 personas y que luego creció, está estabilizada desde 1985 en alrededor de 13.200 personas.

Fuente: www.inforio.com.uy y www.portaltnu.com.uy