El domingo 30 de junio, cuando se abrieron las urnas y se conocieron los candidatos que competirían por el gobierno en octubre, el presidente Tabaré Vázquez, tomó el teléfono y llamó a Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi para felicitarlos por la votación y darles su respaldo de que gane quien gane se hará una transición ordenada. A uno de los tres, Vázquez le entregará la banda presidencial el primero de marzo de 2020, fecha en la que anhela ya estén en marcha las obras de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM.
Los ejecutivos de la empresa finlandesa se habían planteado como objetivo comunicar al gobierno uruguayo su decisión definitiva antes de la realización de las elecciones internas, porque no querían que la mayor inversión privada en la historia del país, que ascenderá a US$ 2.000 millones, cayera dentro del ciclo electoral firme, pero esto no pudo ser debido a que las negociaciones de los aspectos laborales con el Poder Ejecutivo se extendieron más de lo previsto.
Si bien el 9 de mayo Vázquez había asegurado que “todo” se encontraba “en verde” para concretar la inversión, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, confirmó a El Observador que la casa matriz de UPM en Finlandia recién “aceptó hace aproximadamente diez días las propuestas del gobierno” acerca de los protocolos para la construcción de la planta y las regulaciones laborales, dos aspectos que estaban pendientes.
El viernes 28 de junio, al asistir a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para explicar las denuncias de las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Murro dijo que algunos dirigentes empresariales y políticos habían dicho “cualquier disparate”, pero que los “aspectos laborales” estaban acordados y que no eran “obstáculo a la decisión de una posible inversión, que será para bien del país, sobre todo de las zonas centro y noreste, que son las que registran, dentro de los muy buenos indicadores que tiene Uruguay, los niveles más bajos”, según consta en la versión taquigráfica.
La empresa inició el primero de julio su “período de silencio”, el cual se extenderá hasta el 23 de este mes y en el que, por protocolo, no realiza ningún anuncio. Ese día presentará el reporte financiero de mitad de año a sus accionistas, y recién ahí estará habilitada para confirmar su inversión.
Según supo El Observador en base a fuentes del gobierno y de la empresa, en las negociaciones se descartó la firma de un decreto que regule los aspectos laborales y se acordó que la implementación se realice a través de una serie de resoluciones particulares exigidas por UPM. Se reforzarán los mecanismos de prevención que están vigentes tanto en la construcción como en el sector metalúrgico y no se prohibirán las ocupaciones en la planta, pero habrá una redacción más precisa en cuanto a todos los pasos y plazos previos, para evitar llegar a ese punto máximo. El ministro de Trabajo dijo que lo negociado se conocerá una vez que se confirme la inversión.
El viernes 28 de junio, cuando Uruguay ya estaba en veda electoral, Vázquez puso su firma y homologó la renovación por treinta años de la concesión otorgada a la empresa Tsakos Industrias Navales. La resolución de la Administración Nacional de Puertos (ANP) también incluye la relocalización “transitoria” en el atraque 11 de la empresa que opera en el Puerto de Montevideo, hasta que se construya la terminal pesquera en Puerto Capurro, donde se instalará definitivamente.
El vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, confirmó a El Observador que esta relocalización era “necesaria” para que UPM terminara de recibir los permisos para la construcción de la terminal de carga de celulosa. De esta forma, Tsakos cede su lugar a favor de la firma finlandesa, que participó de la licitación a través de su subsidiaria Tebesur SA.
Vázquez había reconocido este punto como uno de los aspectos “menores” por resolver. Tras una reunión con el CEO de la empresa finlandesa en la Residencia de Suárez y Reyes, el mandatario dijo que Jussi Pesonen le transmitió su “satisfacción” acerca de las negociaciones llevadas adelante en los últimos dos años.
Tras estas resoluciones, y el inicio de las obras del Ferrocarril Central, la obra clave del proyecto, en el Poder Ejecutivo dan por finalizadas las negociaciones y entienden que ahora es UPM quien debe definir y aspiran a que lo haga pocos días después de que termine su “período de silencio”.
Fuente: El Observador
