Informe de Leticia Pérez.

Los casos aumentaron tanto en Fray Bentos como en Conchillas, pero con esa experiencia el INAU busca cambiar la situación en Durazno.

Entre los potenciales impactos de la tercera planta de celulosa que se instala en el país, el riesgo de delitos asociados al mercado del sexo, como la explotación y la trata, es quizás de lo que menos se habla. Y también de lo que menos se hacen cargo las empresas. Mujeres, niños y adolescentes son la población más vulnerable. Los casos aumentaron tanto en Fray Bentos como en Conchillas, y con esta experiencia acumulada desde el INAU sostienen que se está en mejores condiciones para afrontar el problema frente a UPM II.

La instalación de UPM II ya está en marcha. Comenzaron las obras de Ferrocarril Central, la construcción de viviendas temporales en Durazno y Tacuarembó y el llamado a interesados para trabajar en la obra, la mayor inversión privada en la historia del Uruguay, que supera los 3000 millones de dólares e iguala en volumen de producción a su antecesora, en Fray Bentos, y a Montes del Plata juntas.

Se estima que la segunda planta de pulpa de celulosa creará, una vez operativa, cerca de 9.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos por una cadena de valor que abarca desde actividades de investigación hasta logística de exportación pasando por plantación, cosecha, transporte de carga, la producción de celulosa y la generación de energía eléctrica.

La zona de influencia principal de las operaciones -Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y Durazno- es de las más rezagadas en términos de desarrollo socioeconómico. La región centro y noreste del país presenta los peores indicadores de bienestar, educación y empleo, en algunos casos por debajo de la media nacional.

UPM II, señalan las proyecciones de impacto en base a los resultados de la primera planta de la finlandesa, alterará características estructurales de un territorio históricamente deprimido, y marcará «un hito» en la descentralización productiva.

La pulpa de celulosa se convertirá en el primer producto de exportación y subirá alrededor de dos puntos el PBI en forma permanente.

Estos y otros datos alentadores se desprenden de los documentos que el Poder Ejecutivo puso a disposición de la ciudadanía cuando se concretó la inversión, incluyendo una encuesta de percepción de impacto de la población fraybentina a lo largo de los 10 años transcurridos desde el desembarco de Botnia en 2007. Estos informes, y algunas crónicas periodísticas, dan cuenta de la reactivación no solo económica que generó el proyecto, aún a pesar del bajón que, como balneario del este hacia el final del verano, supuso la culminación de la fase de obras.

La otra cara

Lo que no plantean estos documentos, al menos directamente, ni sobresale entre las voces de alerta sobre potenciales impactos no deseados del proyecto, es el riesgo que supone para la población de niños, niñas y adolescentes.

Sucedió en Fray Bentos y luego en Conchillas. Las denuncias de explotación sexual de menores -y de delitos asociados como la trata de personas- en algunos casos se duplicó, en otros se triplicó, dependiendo de la fase del emprendimiento. Como caracteriza al fenómeno, se advierte, se escucha, los relatos llegan a las organizaciones que trabajan en el territorio, pero son pocas las denuncias que se canalizan en la justicia.

«Hay una brecha muy importante», señala Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso. «Tiene que ver con muchas razones, entre ellas el miedo, la falta de garantías, la desprotección; también hay mucha naturalización de las propias víctimas, hay varios elementos a analizar, pero lo que quiero reafirmar es que en Montes de Plata y Fray Bentos no hemos logrado trabajar previamente para poner un muro de contención al problema».

¿Por qué no se logró? «No hay una conciencia real de que este tipo de emprendimientos tienen estos efectos, hay más información y ha habido mayor interés en ver otros impactos sociales y ambientales pero no se visualiza este porque es un problema que todavía cuesta bastante poner en la agenda pública. De hecho cuando recién se estaba discutiendo el tema, sugerimos a las autoridades pedir a la empresa, como contrapartida, la inversión en un servicio de atención para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con equipos técnicos y jurídicos que pudieran instalarse en la comunidad durante todo el proceso de construcción, para poder detectar situaciones a tiempo e inmediatamente atender, proteger y llevar a la justicia a quienes cometen estos delitos, no solo al tratante o al intermediario sino también al consumidor. Eso no se logró».

¿En ninguna de las inversiones? «No, en Montes del Plata se fue directamente a hablar con la empresa y no hubo receptividad, en UPM lo que sí hicimos fue un taller para los proveedores de empresas de transporte pero puntual, que ni siquiera pagaron ellos. Las empresas no invierten en prevención de explotación sexual, que es un daño que ellos están generando», responde Tuana.

Es cultural

Una de las modalidades de la explotación sexual infantil está asociada a la instalación de enclaves productivos. La llegada de mano de obra zafral, mayoritariamente masculina, dispara la oferta de emprendimientos vinculados al mercado del sexo. Se abren prostíbulos, whiskerías. Pasó con Botnia y con Montes del Plata. Y está pasando en Durazno y Tacuarembó, donde hay varios pedidos de autorización iniciados ante las intendencias.

Tiene que ver con una cuestión cultural, plantea Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), «con entender la cuestión masculina como portadora de una necesidad sexual irrefrenable». Y la frontera de la legalidad -la prostitución en Uruguay está reglamentada- con el delito y el crimen organizado es frágil y poco visible. «Nosotros no hablamos de servicios sexuales sino de explotación», subraya. «Queremos romper con la idea de que el acceso al cuerpo del otro es un servicio; cuando el otro es un niño o un adolescente no hay discusión, ni siquiera legalmente», agrega.

«Dentro de whiskerías se han encontrado menores de edad», apunta Tuana. «Lo que decimos es que allí hay una plataforma, toda una estructura que se monta donde hay una parte legal pero también sabemos que allí ocurre la trata y la explotación sexual. Hasta qué punto conviven es más difícil de decir a priori, pero sabemos que sí sucede y que se instala en el mismo territorio. Los consumidores que pagan por una trabajadora sexual que está en ejercicio libre y aquella que es atrapada por una red son los mismos. También sabemos que piden y buscan menores de edad, especialmente adolescentes, en su mayoría mujeres pero también varones», afirma.

Junto a los enclaves productivos, el tránsito de camiones y los servicios de transporte en general están asociados ya sea a la presencia de «estaciones del sexo» o como «agentes facilitadores».

En enero de 2017 cinco trabajadores de la empresa Cutcsa fueron procesados tras una investigación de explotación de menores en la Terminal del Cerro. La situación había sido advertida tres años antes en la publicación «Un secreto a voces», investigación del Conapees sobre las percepciones de la población en relación a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la zona oeste de Montevideo.

En los relatos las referencias al transporte se repiten, señalan los investigadores. También hay testimonios asociados a las obras de saneamiento o a la zafra pesquera. Uno de los puntapiés para la realización de este trabajo fue la movilización de los vecinos del Cerro ante el proyecto de construcción de la regasificadora, que finalmente no se concretó.

Planificación y prevención

Ante la inminente instalación de UPM II, a fines del año pasado desde el INAU se puso en marcha una comisión de trabajo integrada por las direcciones departamentales de Durazno y Tacuarembó y el Conapees a fin de planificar una estrategia de prevención y atención del problema.

En principio se hizo un diagnóstico de la situación de base en infancia y adolescencia en la zona de influencia de la planta, se identificaron los servicios existentes y las necesidades, también en relación a las proyecciones del crecimiento poblacional que implicaría la instalación del emprendimiento.

Se estima que durante la fase de construcción la planta demande en forma permanente entre 3.500 y 4.000 obreros, fundamentalmente hombres, con picos de 5.500, que se instalarán entre la ciudad de Durazno, Paso de los Toros, Centenario y Carlos Reyles. Pero también un incremento de tránsito en varias rutas nacionales, principalmente en la 5. «Trabajamos en esa lógica de pensar el espacio no simplemente como político administrativo sino como región, que abarca bastante más de lo que aparece en el mapa; si pensamos en la instalación estática en Pueblo Centenario tenemos una visión del enclave pero si la pensamos en su dinámica, abarca líneas de transporte desde Montevideo, trabajos que ya empezaron de la construcción del ferrocarril, la presencia de obreros ya previo a la construcción del obrador, lo cual ya está generando impactos, trabajadores de distintas ramas y distintas empresas en el territorio», plantea Purtscher.

«Estamos armando esta propuesta para ver y poder negociar recursos para implementar medidas de amortiguación de impactos, que no son simplemente agrupar ideas o proyectos de los que vamos a hacer sino ver cómo le vamos a dar sustento económico, si no es una bolsa de aire», dice. ¿Se avanzó? «En algunas áreas sí; se va a construir un CAIF en Pueblo Centenario, se está tratando de fortalecer el Ceprode en Paso de los Toros, la creación de un centro juvenil, la construcción de un código de ética para las empresas, tenemos un modelo que es el que usaba Gas Sayago, estamos tratando de darle un perfil más vinculado a la infancia. Hay algunas cosas que se van a negociar con la Fundación UPM, que tiene la parte operativa de la cuestión más social respecto a la empresa. Por otro lado, estamos integrando espacios de coordinación con la OPP y desde ahí vamos a tener una plataforma para llegar con un poco más de fuerza a la empresa», responde.

La estrategia comprende, además de fortalecer los servicios tendientes a proteger y promover los derechos de niños y adolescentes, la sensibilización de la comunidad, de los trabajadores y de autoridades locales, y un dispositivo móvil, «idea que todavía tiene que ganar espacio». «Los dispositivos de atención tienen que tener la misma dinámica y velocidad que el problema; lo que tenemos en frente es un enemigo bastante poderoso que es la estructura del mercado del sexo y sus vinculaciones con el crimen organizado. La idea tiene que ganar espacio todavía dentro de la institución y dentro de las cabezas que decidan darle forma a esto para después salir a negociar su financiación», remarca.

¿Hay receptividad a nivel local? «Con estos temas hay mucho miedo de que el lugar quede estigmatizado y esto nos ha pasado en cada investigación que hemos realizado, nadie quiere que su barrio sea identificado con la explotación sexual, pero luego del primer enojo los casos aparecen…», dice.

Según datos del Conapees el año pasado hubo 386 casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio. «Situaciones hay a lo largo y ancho del país y sabemos que el fenómeno está subrepresentado», aclara Purtscher. En los años transcurridos desde la instalación de Botnia «se ha ganado en experiencia y saber hacer». «Si bien nos falta mucho hemos formado más de 10.000 operadores sociales, creo que estamos mirando más y mejor el problema, por lo menos ahora lo vemos. La casuística ha demostrado no solo que existe sino que existe en todos los niveles de la población, que hay espacios de poder o grandes personajes de las localidades que terminan siendo explotadores», afirma.

La negación, la invisibilización, señala, hace que el problema se visualice como «algo que le pasa a dos loquitas que están yirando en una esquina» y no como problema social. Ni siquiera como delito, sino como algo que pasó siempre.

En este sentido, a nivel político hay todavía un sector al que no se llega, apunta, y como ejemplo recuerda el resonado caso de «la casita del parque» en Paysandú, por el que en 2013 fueron procesados en ese momento funcionarios de la Intendencia, entre ellos su secretario general.

Más luz

Cuando el caso de «la casita del parque» explotó ante la opinión pública, un grupo de investigadoras de la Udelar había comenzado el trabajo de campo de un estudio exploratorio sobre explotación sexual de niños y adolescentes. En Paysandú asociado a la trata, en Maldonado al turismo sexual, en el oeste de Montevideo a los enclaves productivos y en Tacuarembó a las situaciones de pobreza extrema, cuenta Federica Turban, integrante del programa Género, cuerpo y sexualidad de la Facultad de Humanidades.

El objetivo era definir mejor el objeto de investigación para un segundo estudio, que se concretó dos años después. Para ese trabajo las investigadoras se concentraron en la población adolescente y descartaron la zona oeste de Montevideo que fue abordada específicamente por el Conapees -de aquí surge la publicación Un secreto a voces– ante la presión de la comunidad por la instalación de la regasificadora.

Tacuarembó es el cuarto departamento con más casos detectados en 2018. Dos o tres años antes de que el grupo de Humanidades iniciara el trabajo de campo se desmantelaron varias redes. Más bien locales, pequeñas, caseras, señaló Turban, que sigue de cerca el problema en la localidad de Curtina, pueblo de poco más de mil habitantes ubicado al sur de la capital departamental. Uno de los desbaratamientos ocurrió allí, en 2011, con el procesamiento con prisión de familiares directos de las víctimas como resultado. Las menores involucradas en este caso fueron derivadas a hogares de amparo de INAU y varias de ellas estuvieron involucradas en otra red desarticulada años después, que tenía como centro de operaciones a la terminal de ómnibus de la capital e implicaba a taxistas y agentes del transporte. Lo que llega a la justicia es la punta del iceberg, transmite la investigadora; se logra visualizar los casos más extremos, luego está la trama de explotación más cotidiana, ligada a las estrategias de supervivencia, y que resulta más difícil de desentrañar.

Fuente: Por Leticia Pérez , Montevideo Portal