El nuevo decreto para obtener pasaporte de Uruguay busca evitar casos similares a lo ocurrido con el narco uruguayo Marset.
El gobierno publicó este jueves el nuevo decreto que reglamenta la solicitud y expedición de pasaportes de Uruguay.
Esta nueva normativa surge tras el caso de Sebastián Marset, el narco uruguayo que a fines del año pasado recibió un pasaporte de Uruguay mientras estaba preso en Dubai por viajar con documentos falsos.
Esto generó una fuerte polémica entre el gobierno y la oposición, con cruce de acusaciones acerca de por qué se le otorgó este documento a Marset, lo que le permitió salir de la cárcel en Dubai y permanecer ahora prófugo de la Justicia. El gobierno dijo que una modificación al decreto realizada en 2014 habilitó la entrega del pasaporte a Marset. El Frente Amplio sostiene que el gobierno no estaba obligado a dar el pasaporte pese a la modificación del decreto, teniendo en cuenta que Marset estaba preso en otro país por viajar con documentación falsa y había información sobre su actividad ilícita. Todo esto se discutió durante una iterpelación del FA a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores).
En una de sus partes medulares, el nuevo decreto establece que para otorgar el pasaporte uruguayo se exigirá “certificado de antecedentes judiciales, no encontrarse privados de libertad, carecer de orden de cierre de fronteras, requisitorias u orden de captura a nivel nacional, así como internacional que hayan sido informadas a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol”.
Además, agrega que la persona que solicita el pasaporte en el exterior deberá presentar un «certificado de carencia de antecedentes en el país residente», es decir, el país desde donde tramita el pasaporte uruguayo.
Al respecto, el nuevo decreto establece que la Oficina Consultar de Uruguay en el país donde reside quien solicita el pasaporte «no dará inicio al trámite» en los casos en que la persona se encuentre privada de libertad.
Este nuevo decreto establece además que será el Ministerio del Interior el que defina si se otorga o no el pasaporte solicitado en el exterior, así como la suspensión del trámite si lo entiende conveniente.
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Fuente: Subrayado
