El jueves 5 de diciembre el presidente electo, Luis Lacalle Pou, les garantizó a los principales responsables de UPM en Uruguay que respetará el acuerdo firmado por el actual gobierno para la construcción de una nueva planta de pasta de celulosa.

El futuro mandatario, que en los últimos años se había mostrado fuertemente crítico hacia las condiciones pactadas con la multinacional, les expresó a los empresarios que habrá “seguridad jurídica” con respecto a la inversión.

Una postura que fue ratificada luego por el designado secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. “Los compromisos los vamos a respetar todos y eso es muy importante como señal”, había señalado la semana pasada al presentarse ante la Cámara Española de Comercio.

Sin embargo, en las propias filas del presidente electo comenzaron a surgir cuestionamientos a la iniciativa. Sobre todo, precisamente, a las condiciones que se le otorgaron a UPM.

Es el caso de Damián De Oliveira, edil nacionalista de Soriano, que pocos días en una sesión de la Junta Departamental criticó el contrato con la multinacional.

En especial, ya que significará para UTE la pérdida de la prioridad en el uso de las aguas del río Negro para generar energía. También sobre las consecuencias ambientales económicas ante la posibilidad que no se logre alcanzar el caudal mínimo en ese curso según lo comprometido con la empresa.

Así lo informó este domingo Radio Uruguay. En su exposición, De Oliveira cuestionó que el actual gobierno adecuara la legislación vigente para adaptarla a las condiciones del contrato.

Criticó en particular un decreto, firmado en agosto de este año, que establece restricciones sobre el río Negro que afectarán la operativa de las centrales hidroeléctricas allí instaladas.

A UPM se le aseguró un caudal mínimo de 80 mil litros de agua por segundo, necesarios para reducir el impacto de los 107 millones diarios que, mezclados con efluentes, devolverá la planta una vez operativa.

De Oliveira advirtió que, si ese caudal no se logra, se terminará castigando aún más al ya contaminado río Negro.

Pero, además, UPM se reserva el derecho de perseguir un resarcimiento por el “daño emergente” y el “lucro cesante” que pueda llegar a sufrir por esta eventualidad. La responsabilidad, sostuvo, la deberá asumir el Estado uruguayo ante los organismos internacionales designados como árbitros.

“Prestemos atención hasta dónde se ha comprometido el país”, pidió el edil nacionalista.

El ex intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, cuestionó por su parte la inversión que debe realizar el Estado para asegurarse la instalación de la nueva planta.

“El Estado debe gastar US$ 6000 millones para generar, al final de la obra, 1000 puestos de trabajo”, señaló. “Es un disparate”.

En declaraciones a Infopráctica, el ex jefe comunal sostuvo que sería más importante apuntalar a la pequeña y mediana empresa, dar mejor educación a la población y ayudar a los emprendedores.

“Todo eso brindará más empleo que la propia planta”, aseguró.

En tanto el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, informó en las últimas horas que le trasladó a Lacalle Pou su preocupación por el trazado del Ferrocarril Central, una obra vital para la inversión de la pastera. Sobre todo por la cantidad de frecuencias que irán a pasar por su ciudad.

Vidalín señaló este lunes en rueda de prensa que maneja trazados alternativos al definido por las autoridades y les recomendó a los gobernantes escuchar nuevas propuestas “en busca del bienestar de la gente”.

En la “coalición multicolor” el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ya dejó en claro su postura e insistió en que el contrato con UPM “debe ser revisado”.

En su partido, el diputado electo Eduardo Lust está detrás de una docena de iniciativas que buscan plebiscitar a nivel departamental la prohibición del pasaje del Ferrocarril Central por sus jurisdicciones.

Fuente: Ecos.