En Rivera hay 10 personas con coronavirus, sin embargo, a pocos pasos de esa ciudad, en Santana Do Livramento, el gobierno brasileño tuvo que declarar la zona roja por el aumento de casos de personas con la enfermedad.

La bandera roja impone restricciones más severas a las adoptadas en áreas con bandera naranja. Por lo tanto, en las regiones clasificadas este sábado con bandera roja, solo los establecimientos que venden artículos esenciales pueden estar abiertos, manteniendo el 50% de los trabajadores. Los otros lugares de comercio deben estar cerrados.

En paralelo, los restaurantes y bares tienen prohibido recibir clientes en el local comercial, aunque pueden trabajar con un sistema de tele-entrega. En los centros comerciales, también se permite el acceso a servicios esenciales como farmacias, lavanderías y supermercados, que pueden operar con el 25% de los empleados. Aparte de eso, los centros comerciales deben permanecer cerrados, sin movimiento de personas.

Las clases deben llevarse a cabo de forma remota. Los cursos gratuitos, cuya operación se permitiría, con respecto a las medidas sanitarias, a partir del 15 de junio, deben permanecer cerrados, así como las escuelas para niños, instituciones de enseñanza secundaria y universidades.

Esta medida alcanza también a los gimnasios, las misas y los servicios religiosos, los clubes sociales y deportivos (incluso con asistencia individual) y los servicios de higiene personal, como las peluquerías.

La medida implementada por el gobierno de Jair Bolsonaro pone en alerta a las autoridades sanitarias nacionales. Ayer en Uruguay solo se confirmó un nuevo caso de COVID-19 y hay 37 que siguen con la enfermedad. El modelo de distancia controlada en Brasil se divide en protocolos que deben adoptarse para cada actividad económica, de acuerdo al color de la bandera semanal.

La semana pasada, Uruguay y Brasil acordaron “la utilización universal del test PCR en ambos lados de la frontera” de Rivera con Santana do Livramento “con un criterio epidemiológico común”. Para eso, será creada una “Unidad Epidemiológica Sanitaria Única”.

Los tests de PCR, que serán “producidos por el Instituto Pasteur de Uruguay”, serán proporcionados “para la determinación que se realizará en la Universidad Federal de Santana do Livramento”, los cuales se realizarán “a personas con infecciones respiratorias, pacientes sintomáticos con o sin riesgo, con insuficiencias respiratorias leves, contactos con o sin síntomas a partir del quinto día y ante brotes institucionales”.

Además, se acordaron “medidas de prevención conjuntas ante el COVID-19, comunicación fluida y responsable, y divulgación de materiales informativos de medidas de prevención y control”. La cartera de Salud comunicó que la llamada telefónica entre los ministros de Uruguay y Brasil “fue fundamental para la concreción de la negociación”.

Gestiones
Este es el resultado de una gestión que comenzó semanas atrás cuando el presidente Luis Lacalle Pou anunció en Rivera, el 25 de mayo, que habló por teléfono con su par brasileño, Jair Bolsonaro. Esto se traducía en instalar una comisión binacional “asesora de salud” en la frontera entre ambos países, que está amparada en el acuerdo sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para nacionales fronterizos uruguayos y brasileños para prestación de servicios de salud, firmado en noviembre de 2008. Concretamente el gobierno quiere que Brasil aplique los mismos criterios de diagnóstico y vigilancia epidemiológica que Uruguay.

Es que mientras en Uruguay el gobierno brinda a los pacientes testeos diagnósticos por PCR, una técnica que permite detectar el virus desde el inicio de la infección y es considerada hoy como la más fiable, en Brasil utilizan los tests serológicos (prueba en sangre). Los mismos son considerados por expertos como estudios con poca precisión para confirmar el COVID-19, dado que arrojan más falsos negativos y positivos que los anteriores.

Fuente: El País