La Fiscalía formalizó a seis personas tras una larga investigación que surgió tras una denuncia de un privado de libertad de esa unidad.

La fiscal de Durazno Bárbara Zapater formalizó este miércoles una investigación centrada en la Unidad N°18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), es decir, la cárcel de Durazno, que terminó con la imputación de seis personas. Tres de ellos reclusos de esa unidad, un operador penitenciario y dos personas más.

Zapater, en diálogo con el programa Las Barbas en Remojo de Radio Yi, que conduce el periodista Álvaro Rivas, aseguró que la investigación comenzó en el mes de febrero cuando una persona recluida denunció ante la Fiscalía y la Unidad Especializada de Análisis Técnico, donde puso en manifiesta una serie de irregularidades que estaban ocurriendo en dicho centro carcelario y que implicaba a operadores penitenciarios, reclusos y personas civiles.

«Se inició una investigación que llevó hasta el martes pasado con Policía Nacional y con los abogados, donde se logró establecer que había personas que estaban en libertad que ingresaban sustancias estupefacientes a la cárcel, las cuales luego eran comercializadas dentro del recinto carcelario entre distintos privados de libertad y ello implicaba la convivencia de operadores penitenciarios», explicó la magistrada en el programa anteriormente mencionado.

Según dijo, en primera instancia al operador penitenciario lo formalizaron por reiterados delitos de cohecho, un delito continuado de negociación y suministro de sustancias estupefacientes. «Fueron formalizadas 6 personas, tres de ellos privados de libertad, que justamente uno de ellos salía en el día de hoy en libertad porque terminaba su condena (se pidió la prisión preventiva), mientras que los otros dos continúan en sus causas respectivas porque uno de ellos sale a fin de año y el otro tiene un año y medio por delante de condena», explicó la fiscal.

«Las otras tres personas que estaban en libertad se les fijó arresto domiciliario total mientras continúa la investigación, que es compleja y que implica ingreso de dinero del exterior del país, distribución en distintas cuentas bancarias del Uruguay y ese dinero luego era repartido por orden de uno de los privados de libertad, que tenía testaferros en la cárcel que son los que fueron formalizados y abonaba a operadores penitenciarios para tener estas regalías dentro de la cárcel», agregó.

Ante la consulta de Rivas sobre el dinero que ingresaba del exterior, la fiscal detalló que el dinero llegaba a personas civiles y luego estos particulares eran los que pagan a distintas personas. Dentro de ello, se pudo determinar que uno de los que recibía dinero era un operador penitenciario de la cárcel de Durazno.

«No descartamos que pueda haber otras personas porque fue mucha la información que fue remitida por las instituciones financieras que están bajo control del Banco Central y da mucho trabajo procesar toda esa información, porque estamos hablando de que en seis meses se hay más de 250.000 pesos y más de 2.000 dólares. Es mucha la información que surge como para poder procesarla en 48 horas», argumentó.

La magistrada detalló que los negocios que se llevaban adelante dentro de la cárcel iba desde tener relaciones sexuales con mujeres que entraban como visita, hasta la compra de whisky y drogas para consumir dentro. «Lo negociaba con otros presos y tenía el abal de uno de los operativos penitenciarios que era el que facilitaba la ocurrencia de estas situaciones», sostuvo.

Finalmente, la fiscal indicó que la investigación continúa porque hay que determinar «quiénes eran las personas que ingresaban la droga desde afuera».

Fuente: Montevideo Portal