Hoy viernes el gobierno firmó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina para realizar las obras del ferrocarril que unirá Montevideo con Paso de los Toros, ante la inminente construcción de una nueva planta de celulosa de UPM.
La reunión del presidente con las autoridades de los bancos iba a ser en Torre Ejecutiva de Presidencia pero a último momento y en medio de protestas de manifestantes en la Plaza Independencia, se informó que cambiaba el lugar: finalmente fue en la residencia de Suárez y Reyes.
Vázquez dijo en conferencia de prensa que «con esta reunión cerramos los aspectos financieros vinculados a esta construcción, esta tan importante estructura ferroviaria para toda la población del país y creemos que con ello logramos dar un paso muy importante en varios aspectos».
El mandatario agregó que «en primer lugar para poner a disposición de la producción nacional toda, este futuro ferrocarril, que se comienza a construir. Y en segundo lugar porque esta obra va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos en todo el territorio nacional».
“Fue una reunión de trabajo y lo que expresó el presiente de UPM (Jussi Pessonen) es que el trabajo que llevamos para completar todas las etapas para ellos fue ampliamente satisfactorio”, agregó Vázquez.
Junto al mandatario, también estuvieron en la conferencia el presidente del BID Luis Alberto Moreno, así como autoridades de las diferentes carteras del gobierno como Transporte y Obras Públicas, Economía, Vivienda y Medio Ambiente.
El BID Invest, un organismo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya había confirmado días atrás que había aprobado un préstamo de US$ 500 millones para la construcción rehabilitación y mantenimiento del ferrocarril que utilizará UPM de concretar su inversión.
El préstamo consiste en hasta US$ 440 millones y un crédito subordinado de hasta US$ 60 millones, fondeados por BID Invest y un grupo de bancos comerciales e inversionistas internacionales. El plazo es por 17 años.
Fuente: El País.
