El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, compareció este jueves ante la Comisión Especial de Ambiente de la Cámara de Representantes para brindar a los diputados “información sobre el derrame de soda cáustica ocurrido en zona de la planta de UPM 2”, según señala el documento de la citación, al que accedió Montevideo Portal.
Durante la reunión, el diputado independiente Eduardo Lust propuso a Bouvier una solución ante lo que define como el “mayor daño ambiental de la historia”, según comentó a Montevideo Portal el legislador.
El representante propone “la aplicación del artículo 42 del Código General del Proceso”, que, según dijo, “permite iniciar juicio a UPM por daños y perjuicios” tras el vertido de la sustancia corrosiva en un afluente del río Negro, en las inmediaciones de Pueblo Centenario en Durazno.
El artículo citado por Lust, que lleva por título “representación en caso de intereses difusos”, establece: “En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medioambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido”.
A su vez, Lust señala que esto se ampara en el artículo 47 de la Constitución, que señala que “la protección del medioambiente es de interés general”.
“Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores”, reza el artículo de la Carta Magna, que luego señala que “el agua es un recurso natural esencial para la vida”.
El legislador que hasta febrero de este año pertenecía a Cabildo Abierto afirmó que, en caso de que el Ministerio —que para Lust es “el ideal” para impulsar el proceso civil— no lleve a cabo el juicio contra la empresa finlandesa, lo iniciará él junto con “movimientos ambientales”.
“Tenemos que calcular el monto del daño”, dijo Lust, aunque recalcó que recomiendan “que lo hagan” las autoridades del Ministerio de Ambiente, ya que “como la ley dice, lo debe hacer ‘quien garantice una adecuada defensa del interés comprometido’”.
Lust dijo que Bouvier contestó que van a “analizar” su propuesta en la cartera y que informó que a UPM le pueden aplicar multas de hasta US$ 4.000.000, para lo que no es necesario un proceso judicial, pero que el Ministerio estudiará las opciones.
Fuente: Montevideo Portal
