El Movimiento por un Uruguay Sustentable crítico de la instalación de la segunda planta de celulosa sobre el Río Negro, anunció que apelará a recursos legales y a la movilización para evitar las «consecuencias negativas» del proyecto.

Según el Movimiento por un Uruguay Sustentable el anuncio y la firma del contrato «anula o al menos complica de gran manera cualquier posibilidad de renegociar aspectos altamente negativos para el país que se pactaron en ese documento» por lo que apelarán a «los recursos legales disponibles y la más amplia movilización social para que las consecuencias negativas de este proyecto no tengan lugar».

Entre los puntos críticos que tendría el acuerdo señalan que «el Poder Ejecutivo comprometió al país, por fuera de sus atribuciones constitucionales y legales, a gastos que suman más de US$ 4.000 millones así como modificaciones en lo laboral, lo educativo y graves consecuencias en lo ambiental y social, sin obtener de la operación de esa planta en zona franca ni un peso».

Además, el movimiento anunció que inició una acción de amparo por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en el Juzgado Letrado en lo Civil de 1er Turno por «negar la información por la que se decidió que los trenes de UPM, incluso los cargados con sustancias peligrosas como ácido sulfúrico o Soda cáustica pasen por las zonas urbanas».

Según el movimiento, la negativa adolece de «vicios de forma y ausencia de fundamentos sustanciales», afirma la acción presentada por el abogado Rodrigo Speranza, prevista en la Ley 18.381.

En el escrito señaló que el rechazo a dar la información tiene «vicios de forma porque la Secretaría de la Presidencia no tiene facultades para tomar esa resolución y la falta de respuesta en plazo del MTOP configura el ‘silencio positivo’ por el cual se debe entregar la información solicitada».

«Además, la negativa carece de fundamentos válidos porque el Ferrocarril Central del cual se solicita la información al MTOP no es una obra ni un proyecto de la empresa UPM, sino que es un proyecto adjudicado, dirigido y pagado por el estado uruguayo. Lo solicitado son los estudios realizados por el estado para una obra propia y no por alguna empresa privada sobre una obra realizada o a realizar por UPM», agregan.

Según el Movimiento, la decisión de Transporte de construir el Ferrocarril Central sobre el trazado vigente «no solo ha generado preocupación y rechazo entre los vecinos que se verán afectados por un tren completamente diferente, destinado a transportar celulosa y productos químicos peligrosos para la planta de UPM en Durazno, sino también por los técnicos responsables de la planificación del futuro de la ciudad de Montevideo».

Fuente: El País.