Los periodistas tacuaremboenses Sebastián Ríos y Matías del Pino, de la emisora radial La Kandela 105.5 FM, realizaron la mañana de este martes una conferencia de prensa para explicar la resolución judicial que desestima la causa por la que eran denunciados por difamación por parte de la fiscal de esa ciudad Irene Penza.
Esto a raíz de la reciente sentencia del juez José Ignacio Silvestri, con la que «se constata por el Sentenciante el flagrante apartamiento de la representante del ministerio público (Dra. Irene Penza) del orden de proceder que la ley estatuye que apareja la nulidad absoluta de la totalidad de los actos procesales», anulando con ello el procedimiento penal contra la emisora y sus periodistas, así como la clausura y archivamiento del caso.
Durante la conferencia de prensa, los comunicadores explicaron que todo se debió al cumplimiento de su deber como informadores, basándose en la libertad de prensa como medio de comunicación y de expresión de cualquier persona, al poner en palestra pública un presunto caso de acoso policial contra dos mujeres en Tacuarembó, vinculado a la ocupación ilegal de terrenos.
A partir de allí, la fiscal que tomó el caso, Irene Penza, interpuso una demanda a título particular cuando ella no constituye la parte agraviada, «en caso de difamación o injuria debe ser el ofendido el que presente la denuncia ante el juzgado, cosa que nunca ocurrió, y al faltar ese elemento el juez Silvestri anula la causa y ordena su clausura y archivo», expusieron Ríos y Del Pino.
Con esta resolución favorable a los periodistas, se pone fin a la «persecución a nuestra labor informativa, por lo que en los próximos días vamos a denunciar a la fiscal Penza en lo administrativo, civil y penal, ya que no puede pasarse de largo un accionar de este tipo contra la libertad de prensa», indicaron.
Asimismo, agradecieron el fallo del juez Silvestri ante un acto «antijurídico, arbitrario, lamentable e impresentable, con el que se pretendía perseguir el rol periodístico de investigación y denuncia desde las instituciones, habiendo sido objeto de persecución por parte de la fiscal».
