«No existen precedentes de una acción de estas características ante la Justicia», señala el movimiento ambientalista.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentó este jueves ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspendan las obras de la segunda planta en Uruguay de la empresa finlandesa UPM hasta que «cumpla» con los requisitos ambientales bajo los cuales fue autorizada, informó a través de un comunicado.
De acuerdo a «documentación» de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el movimiento «constata» que UPM «sobrepasó el ‘plazo máximo de seis meses’ para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada, el 14 de mayo de 2019, la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectadas».
Movus señala también que «cuando UPM no había confirmado aún su decisión de inversión, el gobierno anterior autorizó la planta de celulosa a condición de que la empresa completara después elementos clave del proyecto. Sin embargo, UPM inició la construcción de la planta sin cumplir esos requisitos, algunos de los cuales definen la viabilidad o no del proyecto», alegan.
Entienden que haber «iniciado» la construcción de la planta de celulosa «sin» la «línea de base» del Plan de Monitoreo Ambiental «hará que no se puedan evaluar después sus impactos reales».
Otro de las críticas es que UPM no ha cumplido con otra «condición fundamental». Se trata de «garantizar la dilución de 107 millones de litros de efluentes, que la planta de celulosa volcará en el río todos los días».
Sostienen que la autorización ambiental «estableció» sobre los efluentes que «la zona de mezcla no puede tener más de 1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río Negro», la cual «no ha sido completada».
El movimiento señala que si bien «no existen precedentes de una acción de estas características ante la Justicia, tampoco tiene precedentes en nuestro país que una empresa, a cargo de un proyecto de esta envergadura, que debió presentar un estudio completo de impacto ambiental, no cumpla con sus condiciones».
«Somos conscientes de que una decisión como la solicitada ante la Justicia afectará la actividad de los trabajadores y de las empresas involucradas en este proyecto, pero no nos cabe duda tampoco de que por encima de esas circunstancias están los intereses del Uruguay todo y la salvaguarda de las condiciones que aseguren el futuro para nuestros hijos y nietos, en un país solidario y soberano, con un medio ambiente sano», remata el texto.
Fuente: El País
