La magistrada Carla Gómez hizo una broma en la que ordenó a efectivos policiales detener a una compañera. También fue indagada por amenazas, persecución, presuntas irregularidades y maltratos.
El magistrado John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, habló en conferencia de prensa este miércoles para dar cuenta sobre los casos de jueces que cobraron notoriedad pública. Allí, informó que la jueza Carla Gómez, investigada por irregularidades, fue separada de su cargo y que había sido notificada este miércoles.
Carla Gómez, jueza letrada de Tacuarembó de 5º turno, es investigada por varias denuncias presentadas en su contra, entre ellas, una broma en la que ordenó a efectivos policiales detener a una compañera. La jueza Gómez ya fue investigada en otras oportunidades por amenazas, persecución, presuntas irregularidades y maltratos.
Pérez también habló sobre un error de la jueza en un documento de 2019 en el que debía tipificar los meses de pena parcial para un caso. “Al otro día, advertida de que se había equivocado al poner la cantidad de meses, dispuso eliminar la sentencia que había dictado y dictó otro certamen igual” con la corrección, relató Pérez. En su momento se hizo pedido de informe por este tema y se archivaron las actuaciones.
“En este conviene remarcar dos aspectos: la sentencia no surtió efecto ninguno. Segundo, lo que había era un error material, en vez de 19, 18. Lo que tendría que haber hecho la juez, que el ordenamiento procesal lo permite, es dictar un auto diciendo ‘me equivoqué’”, subrayó el presidente de la SCJ.
Hubo también comunicación de otra jueza de que la doctora Gómez estaba actuando con irregularidades, así como el uso de influencias. “Se dispuso presuntos comportamientos incorrectos con su vinculación con la policía”, leyó. Hay, actualmente, una investigación administrativa y un sumario con separación del cargo, que le fue notificado este miércoles.
Uno de los más recientes es el de Ada Siré, jueza Letrada de Pando de 6º Turno, que publicó videos de Tik Tok hablando sobre “estereotipos machistas”.
Pérez dijo que se le pidieron explicaciones a la magistrada, se inició un proceso procedimiento disciplinario, y recién se inicia el sumario. La jueza fue trasladada a un Juzgado de Familia para “evitar catarata de recusaciones y entorpecer el servicio de justicia”, consideró el titular de la SCJ. El traslado se hizo así, indicó Pérez, para que no se hable de “sanción encubierta”, ya que la magistrada mantiene la categoría.
Además, Pérez se refirió a Alejandro Leiva, juez letrado de interior suplente, quien según trascendió en la prensa, “había sido ascendido cuando tenía un expediente por abuso sexual a un menor”, relató Pérez y explicó que “este hecho es falso”.
“El referido juez fue denunciado por un presunto incidente doméstico con una pareja mayor de edad, respecto del cual no se presentó denuncia. El hecho fue investigado por la magistrada, elevando los antecedentes a la Fiscalía y la Suprema Corte, que por resolución 144 dispuso tener presente y archivar”, sostuvo Pérez. Cuando el magistrado integró la lista de ascenso, en 2019, no existía un proceso pendiente.
En junio de 2021 el juez letrado de Florida puso en conocimiento de la Corte la formalización a Leiva por presunto abuso sexual a un menor y arresto domiciliario por 180 días. Tras ese conocimiento, el hombre fue separado de su cargo con retención total de haberes. Tanto el sumario como el proceso penal están en trámite.
Otro de los casos mencionados por John Pérez fue el de Florencia Ferreira, la jueza de Paz Departamental de Treinta y Tres. A mediados de febrero se supo que fue separada de su cargo a la vez que se inició un sumario por posteos en redes sociales en los que apoyaba a Lacalle Pou. Luego hubo denuncia de malos tratos por parte de la magistrada en el departamento donde ejercía su cargo anteriormente, Tacuarembó, y en Treinta y Tres. Se inició un proceso disciplinario con suspensión por tres meses.
El presidente de la SCJ dijo que en 2022 se realizó un pedido de informes sobre los posteos en redes sociales y el plazo que la jueza tiene para responder está detenido porque sigue vigente la suspensión del cargo.
Por último, en lo que refiere a la jueza Isaura Tórtora, que suspendió una audiencia por haber dado positivo a Covid y fue denunciada públicamente porque un funcionario habría tomado declaraciones, el presidente de la Suprema Corte de Justicia confirmó que se pidieron informes sobre el caso.
Pérez también brindó estadísticas en cuanto a casos de jueces denunciados. En 2020 se hicieron 143 solicitudes de informe, 11 investigaciones administrativas y 8 procedimientos disciplinarios. En 2021, 587 solicitudes de informe, 5 investigaciones administrativas, 27 procesos disciplinarios. En 2022, hasta la fecha hubo 34 solicitudes de informe y 8 procesos disciplinarios.
Según destacó el presidente de la SCJ, menos de 1% de los jueces están en proceso disciplinario.
Fuente: Subrayado
