Jussi Pesonen, presidente y CEO de UPM, aseguró que la empresa rechazó el planteo del gobierno para la regulación de conflictos laborales, entre otros elementos que son condición indispensable para que se anuncie la inversión en Uruguay.

Pesonen señaló que este aspecto debe cumplirse «antes de seguir adelante» con la obra a realizarse en Pueblo Centenario, Durazno.

Según Búsqueda, el ejecutivo analizó el tema en la presentación del informe financiero del primer trimestre realizada el 26 de abril para los accionistas.

La empresa decidió «seguir conversando» este punto del acuerdo de inversión.

En febrero, el Ministerio de Trabajo había presentado a la multinacional un proyecto de resolución que incluía un protocolo para la mitigación de conflictos gremiales.

Entre otras cosas, la secretaría de Estado prevé instalar dos oficinas en la localidad duraznense para actuar de inmediato en caso de conflictos durante a construcción de la planta.

Como se sabe, UPM no es la única empresa que trabajará allí, sino que como ha sucedido en las otras dos plantas hay decenas de empresas contratistas que trabajan en distintos aspectos de la construcción. Esto genera un sinnúmero de situaciones diarias relacionadas con los contratos de trabajo, pero también en aspectos sanitarios, de seguridad, etcétera.

En Uruguay está consagrado el derecho de huelga y el PIT-CNT pretende que se mantengan intactos estos postulados. Los gremios pretenden tener la potestad de ocupar lugares de trabajo y un decreto a pedido de UPM podría generar un precedente.

Hasta ahora las ocupaciones y el control obrero se resuelven caso por caso en la justicia. Usualmente, los magistrados ordenan el desalojo, pero esto no impide que los sindicatos tomen medidas en forma unilateral.

Esta semana, El Observador informó que UPM tenía intenciones de confirmar o retirar la inversión en la segunda quincena de junio, antes de las elecciones internas, de modo de no politizar un hecho netamente económico.

El tren. De todos modos, el proyecto es seguido con expectativa por todo el sistema político dado el alcance de la inversión que podría superar en total los 4.000 millones de dólares.

Esta semana, el BID anunció la aprobación del cierre financiero de un préstamo por 500 millones de dólares para iniciar la obra del tren Ferrocarril Central, esencial para la logística de UPM.

El presidente Tabaré Vázquez anunció que, si bien, la idea de reconstruir el tramo entre Montevideo y Paso de los Toros estaba atado a la inversión de UPM en un principio, las obras se realizarán de todos modos, haga o no haga la inversión el grupo finlandés.

Las previsiones del Ministerio de Transporte es que sea utilizado por otros sectores productivos que necesitan sacar mercadería también por el Puerto Metropolitano. De hecho, en los informes UPM representa la mitad del movimiento esperado.

La multinacional tendrá su propio operador de la linea, según se anticipó.

La concesionaria de la obra, Vía Central, dio así un gran paso para financiar una obra que en los papeles costará el doble del préstamo otorgado por el BID.

Ya hay negociaciones ante otros organismos para completar dicho financiamiento.

El gobierno esperaba comenzar las obras en el mes de junio.

Fuente: Subrayado